El otrora juez estrella español Baltasar Garzón y el ex presidente estadounidense Richard Nixon tienen más en común de lo que parece y a ambos les gustaría. En ambos casos, su caída en desgracia ante la sociedad viene precedida por un exceso de ambición y la búsqueda de atajos a las leyes para alcanzar sus fines, supuestamente legítimos. Los dos estaban en un momento álgido de sus carreras, uno como juez de prestigio mundial y el otro como líder de la mayor potencial política en ese siglo, cuando decidieron buscar una fórmula más rápida de conseguir sus objetivos.
Ambos pretendían lograr una ventaja significativa, jugar con cartas marcadas. El primero para frenar cualquier intento de salir impunes por parte de los acusados a los que jugaba, mientras que el segundo ansiaba conocer y desbaratar la estrategia política de sus rivales antes incluso de que pudieran ponerla en práctica. Y, en un requiebro macabro de la Historia, optaron por la misma vía: las escuchas ilegales. Gurtel y Watergate son nombres que ni Garzón ni Nixon podrán olvidar ya nunca, pues son sinónimos de sus salidas abruptas del Olimpo. Como apunta la sentencia del Tribunal Supremo sobre las actuaciones de Garzón, la razón de fondo para expulsar del poder a ambos fue el empleo de “prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido”.
La única diferencia entre ambos es que Nixon prefirió dimitir de su cargo antes de someterse a la deshonra de una condena pública, mientras que Garzón se ha aferrado al cargo y a su condición de juez hasta última hora ciegamente convencido de su inocencia.
Serán el tiempo y la Historia quienes dicten su juicio final, pero a ojos de sus coetáneos ambos han quedado como unos justicieros polémicos que terminaron justamente ajusticiados. Y es que, como reza el axioma democrático, nadie está por encima de la ley.
