Después de unas semanas en barbecho, recupero la actividad de este blog en un momento determinante para la profesión. Hace dos días, el Boletín Oficial del Estado publicó la reforma de la Ley Electoral, que tendrá importantes repercusiones sobre la programación de las cadenas privadas de televisión.
A pesar de las protestas de estas empresas y de los representantes de los periodistas que trabajan en ellas, el Gobierno ha impuesto su visión de que las televisiones privadas sean incluidas en la regulación de los periodos electorales que, hasta ahora, sólo afectaba a las televisiones públicas. ¿Qué significa esto? Pues, en primer lugar, que tendrá que emitir (supongo que sin cobrar un duro por ello, como hace TVE) los tediosos bloques de anuncios de la cantidad de partidos políticos que se presenten a cada convocatoria electoral. Pero, además, deberán ser “neutrales” en sus informaciones, debates y demás programas durante este mismo periodo. Lo primero que se me ocurre es que las cadenas se las van a ver y se las van a desear para encontrar tertulianos y/o entrevistados de todas las formaciones políticas.
Pero vayamos a lo grave. Esta nueva regulación encaja como un guante en las necesidades del Gobierno y del partido que le sustenta (el PSOE) de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. A nadie se le escapa que las encuestas no les son favorables. Y tampoco que, después de tres años de crisis, las informaciones y valoraciones de su gestión (también del resto de partidos con responsabilidades de gobierno en cualquier ayuntamiento, diputación o comunidad autónoma) no van a ser favorables. Así que, ¿qué mejor momento que este para forzarles a ser “neutrales”? Es decir, que tengan que moderar sus críticas por imperativo legal.
Se trata de una cuestión lo suficientemente grave como para que el sector se una y, con el respaldo de los ciudadanos, recurran a las más altas instancias judiciales que sean necesarias para defender la libertad de información. No se trata de salvaguardar los privilegios de una profesión a menudo acostumbrada a ellos y acomodada al calor que produce la cercanía al poder, sino de blindar el derecho de los votantes a ser informados de manera veraz y sin cortapisas ni condicionantes de ningún tipo.
Por si fuera poco, estos cambios legales coinciden con la próxima resintonización de algunos de los canales que se emiten actualmente por TDT y entre los que se incluyen, qué casualidad, dos de los más críticos con el actual Gobierno y con la clase política en general: Intereconomía TV y Veo7.
Vuelvo a preguntar: ¿es una reforma necesaria, sólo oportuna o, quizás y más grave, un intento de ley mordaza para las épocas electorales?
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